LOS CASOS DE FALSOS POSITIVOS EN COLOMBIA SON MAS DE 1.800 DENUNCIA LA ONU
Martes, 14 de Julio de 2009 09:26
Los casos de “falsos positivos” (civiles asesinados por miembros del Ejército) se encuentran en investigación, pero no solo por los máximos organismos judiciales, como la Fiscalía, sino también por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual ya arroja los primeros resultados.
Precisamente, un relator especial de la ONU visitó el país convocado por los principales partidos políticos de oposición y por organizaciones no gubernamentales, ante la serie de asesinatos que despertó la sospecha entre los sectores humanitarios de que los crímenes no eran simples casos aislados entre las Fuerzas Militares.
Según investigaciones de las Naciones Unidas, los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate suman aproximadamente 1.800.
La cifra fue publicada en un informe de su relator, Philip Alston, quien estuvo en Colombia investigando estos hechos. El funcionario aseguró, además, que estos asesinatos no son obra de unas cuantas ‘manzanas podridas’, como quiere hacer ver el gobierno de Álvaro Uribe. El relator afirma que el gran número de asesinatos, la amplia geografía abarcada y el elevado número de militares implicados, casi evidencia el hecho de que los homicidios “fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del Ejército y son un “crimen de Estado”.
Sin embargo, Philip Alston confesó que no encontró indicios irrefutables que prueben la participación directa de los altos mandos del gobierno de Uribe, y tampoco que el macabro sistema fuera de su conocimiento. Aunque sí culpó de los asesinatos al sistema de recompensas que establece el programa de Seguridad Democrática implantado por el presidente Uribe para ganar la guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc).
Los casos de los “falsos positivos” comenzaron a registrarse desde el año pasado, cuando muchos jóvenes desempleados empezaron a desaparecer de sus lugares habituales de residencia en diferentes ciudades del país, para luego aparecer muertos en supuestos combates y ser señalados por el Ejército de pertenecer a grupos de paramilitares o guerrilleros, según el caso.
Como sucedió en algunas ocasiones, los cadáveres de los jóvenes lucían vestidos con prendas que usualmente utilizan los guerrilleros o los paramilitares para dar mayor credibilidad al ‘combate’.
Philip Alston confesó que no encontró indicios irrefutables que prueben la participación directa del Gobierno
Generalmente, cuando las fuerzas militares se enfrentan a grupos ilegales o subversivos y registran la mayor cantidad de muertos en las filas enemigas, los soldados que participan en la acción son premiados con permisos y ayudas económicas.
En varias declaraciones a los medios y a las autoridades, un coronel del Ejército que prefirió el anonimato sugirió que el rápido crecimiento estaba relacionado al “síndrome del conteo de bajas” en el Ejército colombiano.
El uniformado dijo que “esta mentalidad tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos por soldados bien intencionados que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores”. Y agregó que también “podría conducir a que los militares, pasivamente, permitan que los paramilitares sirvan de asistentes del Ejército y así les ayuden a subir su cuota de bajas de la guerrilla”.
Sobre este hecho, el defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, sostuvo a El Telégrafo que “esa es una actividad macabra de muchos militares, que fue ocultada por sus superiores y ahora ha quedado al descubierto por las continuas denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos y por la visita del relator de las Naciones Unidas.
Precisamente, cuando el país creía que estos hechos se debían a casos aislados de militares criminales, se descubrió que el número de casos de desaparecidos por obra de las fuerzas regulares podría llegar a los 1.800.
Aunque de acuerdo con documentos e investigaciones realizadas por la CIA (Agencia de Inteligencia de EE.UU.) y el Gobierno de EE.UU. –varios de ellos han sido desclasificados y publicados, las acciones de los “falsos positivos” por parte de las fuerzas militares vienen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, solo en los dos últimos años recobró vigencia, cuando se descubrió que varios jóvenes desempleados que habían desaparecido misteriosamente en Soacha, una localidad del área metropolitana de Bogotá, aparecieron muertos a 1.000 kilómetros de sus hogares.
Este escándalo fue conocido por el país a mediados del año pasado, cuando once madres de jóvenes de esta localidad denunciaron que sus hijos, inicialmente reportados como bajas en combate pertenecientes a grupos guerrilleros, fueron asesinados, al parecer, por miembros de la fuerza pública en la zona rural de Ocaña (norte de Santander).
Desde entonces, y aun cuando el Presidente destituyó a 27 militares, incluidos tres generales y otros oficiales de alto rango, los familiares siguen reclamando justicia.
El Gobierno, por su parte, a través del actual ministro de defensa encargado, general Freddy Padilla de León, ha dicho que los “falsos positivos” son casos aislados cometidos por algunos miembros del Ejército que no merecen estar en esa institución y por eso han solicitado a la justicia que aplique todo el peso de la ley.
Sin embargo, esta situación ya ha trascendido las fronteras, porque varias organizaciones europeas han solicitado a los representantes de la Unión Europea no negociar ningún Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, hasta que se esclarezcan estos crímenes, al igual de lo que sucede en Estados Unidos, donde sindicatos y senadores demócratas tienen frenado el TLC por las supuestas violaciones de los derechos humanos por parte del Ejecutivo.
El síndrome del conteo de bajas
Una nueva colección de documentos diplomáticos, militares y de inteligencia desclasificados que fueron publicados por la organización National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) de Washington D.C., describe cómo el “síndrome del conteo de bajas” ha sido uno de los principios que han guiado el comportamiento militar colombiano por años. Esta mentalidad ha llevado a violaciones a los derechos humanos –como los falsos positivos– y ha incentivado la colaboración con los grupos paramilitares. Como tales, los documentos despiertan algunas preguntas importantes sobre las responsabilidades legales e históricas que el Ejército debería asumir frente a lo que parece ser un incentivo institucional de larga data para cometer asesinatos.
El registro más antiguo sobre este fenómeno específico data de 1990. Ese documento, un cable aprobado por el embajador de EE.UU.,Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. Al mismo tiempo, la Embajada en Bogotá empezó a ver la conexión entre las fuerzas de seguridad colombianas y los florecientes grupos paramilitares del país. Muchos de los recientes abusos del Ejército sucedieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos paramilitares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas”, según el cable desclasificado.
LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES FUERON SISTEMATICAS
Viernes, 19 de Junio de 2009 09:18 El País
Colombia El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales Philip Alston ha declarado este jueves que los asesinatos de jóvenes civiles en varias regiones de Colombia fueron "una práctica sistemática" de las fuerzas de seguridad, las cuales alegaban que eran guerrilleros muertos en combate."El problema de los falsos positivos -asesinatos de civiles por las autoridades- resultó de una práctica sistemática en el seno del Ejército", ha remarcado Alston durante la presentación de un informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia que será elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. "La expresión falsos positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio", ha matizado.Según Alston, el "desafío" ahora consiste en que el Ejército reconozca la extensión del problema y tome todas las medidas necesarias para castigar a los responsables y también que se pueda prevenir "una reincidencia".Alston también ha denunciado que ha habido un "hostigamiento sistemático" por parte de los militares hacia los supervivientes de esos actos y sus familiares.Durante su visita a Colombia, el funcionario de la ONU, de nacionalidad australiana, se ha reunido con el presidente Uribe, sus ministros, jefes militares, las autoridades judiciales y con más de cien testigos, víctimas y supervivientes de esas ejecuciones.El respresentante de la ONU ha agregado que varios de los paramilitares desmovilizados en un proceso de paz con el Gobierno han reincidido en el crimen y también continúan realizando ejecuciones en "gran número a través del país".
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS
.Otra estocada. A una larga lista de flagrancias en materia de derechos humanos –que contaron en recientes hechos con los escándalos de “falsos positivos” e interceptaciones ilegales–, se suman otras, reveladas por el informe, en varios acontecimientos de 2008. Se trata de la difícil situación de derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el país, que tomó dimensiones criticas con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e ilegales, desapariciones forzadas, desmovilización de grupos paramilitares (a partir de la llamada Ley 975), entre otros.El organismo atribuye estas acciones a los grupos armados ilegales y las fuerzas armadas del Estado colombiano, a lo cual se agregan las arremetidas por parte de grupos insurgentes contra la población civil, en cuanto a reclutamiento forzado de niños y niñas, minas antipersona y privación indefinida de la libertad. Tales errores han implicado, según el informe, la muerte de personas acusadas de pertenecer al Ejército, así como el lanzamiento de explosivos a tres personas en Corinto (Cauca) y los ataques al Palacio de Justicia de Cali.Todo ello en el marco de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. El informe hace patentes las condiciones de pobreza y extrema pobreza en la que vive gran parte de la población, de suerte que le recomienda al gobierno colombiano avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, en los que se atisban serias deficiencias. “Se habla de que al menos el 48 por ciento de los niños tiene acceso a la educación preescolar; las tasas de embarazo adolescente continúan incrementándose, llegando a más del 20,5 en mujeres de 15-19 años, y al 16 de los hogares que vive en condiciones precarias o poco dignas”, según cifras del PNUD.Entre otros aspectos, el documento resalta los continuos hostigamientos que viven grupos vulnerables como los activistas sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos, en quienes cae el peso de la represión con homicidios, daños a propiedad, robo de información y amenazas. Sólo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reportó la muerte de 41 personas pertenecientes a 24 organizaciones.Otras situaciones se presentan con serios agravantes como la falta de avances en la Ley de “Justicia y paz” y la deuda con las víctimas de estos crímenes. “Al 31 de octubre de 2008, del total de 3.637 personas postuladas para ser investigadas y juzgadas por esta Ley, sólo 1.626 habían iniciado la primera etapa procesal denominada versión libre”, se expresa en el informe.El organismo recomendó, entre otras cosas, que todas las partes del conflicto acepten y acaten en su integridad el Derecho Internacional Humanitario, respetando sin excepciones la vida, la integridad y los bienes de la población civil; que la Fiscalía General de la Nación acelere los procedimientos en el marco de la Ley de “Justicia y Paz”, así como debe asegurar que todos los desmovilizados de grupos armados ilegales que hayan cometido delitos graves sean juzgados y contribuyan de manera efectiva a satisfacer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas.De otro lado, instó a que este organismo dedique todos sus esfuerzos al fortalecimiento de las investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los defensores de derechos humanos, tanto como a combatir la estigmatización y la impunidad. Del mismo modo, el organismo hace énfasis en la importancia de trabajar en la prevención de los delitos de violencia sexual contra las mujeres, con las pertinentes investigaciones y sanciones jurídicas.
VIOLENCIA - MERCADO DE LA JUSTICIA
Entre 1 y 4 millones de pesos se cotiza un testimonio o, mejor, un “falso positivo judicial” en diversas instancias jurídicas colombianas y diferentes coordenadas territoriales. Quienes se atreven a denunciar a los victimarios; acompañar a las víctimas en su derecho a la justicia, la verdad y la reparación, o simplemente a opinar diferente de lo prescrito por los poderes establecidos y sus agentes socializadores, los medios masivos de comunicación, son objetivo inmediato de un sistema de estigmatización, judicialización y condena ejercido por diversas instancias jurídicas locales y nacionales . Sin antecedentes conocidos en lugar alguno, en Colombia se judicializa a quienes, cansados de la impunidad y la inoperancia del aparato de justicia nacional, acuden a instancias jurídicas internacionales y así, según quienes defienden este sistema perverso, desprestigiar a la nación y con ello hacerles eco a las atrocidades de los diversos actores armados que actúan en el país.Las “comunidades de paz”, establecidas en lugares apartados de la nación, víctimas de formas sistemáticas de violencia y exterminio, les han propuesto al país y la conciencia jurídica universal una práctica “más allá de la justicia”, en la cual, cansados de la impunidad y la violencia, conviven de manera pacífica, con absoluta restricción a cualquier acción armada y ejerciendo una forma de justicia comunitaria autónoma y respetuosa de los derechos y deberes individuales y colectivos. Esta opción surge después de deambular durante muchos años por los estrados judiciales, buscando justicia para las víctimas y sanción para los victimarios de una violencia indiscriminada que sobre ellos recae, por el simple hecho de vivir en armonía social y equilibrio ambiental, en territorios que son apetecidos comercial y militarmente por diversos grupos económicos y sociales.Es así como en los últimos días vemos con preocupación el incremento de los señalamientos y los montajes judiciales contra defensores de derechos humanos y en particular quienes acompañan a las comunidades más desprotegidas. Entre ellos, destacamos las acciones emprendidas contra el padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita, quien, igualmente cansado de la impunidad y habiendo agotado infinitas veces las instancias institucionales en búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia, hoy se declara en disidencia jurídica o, mejor, en objeción de conciencia, y así ejerce su disidencia, negándose a colaborar con una justicia que, como él mismo dice, es “aberrante”. Ante los innumerables requerimientos judiciales que se le han hecho, que datan ya de 2002, este defensor de los derechos humanos ha elaborado un documento (cerca de 40 páginas) en el cual consigna de manera magistral las razones y constancias que sustentan su objeción. En silencio y con valentía, presenta ante los estrados judiciales ese documento cuando es requerido, elevando así su protesta y su disidencia ante la ilegitimidad, la impunidad y la consecuente pérdida de credibilidad en el sistema de justicia colombiano. Los hechos hablan por sí solos .Al día siguiente de una horrenda masacre en San José de Apartadó (22 de febrero de 2005), perpetrada por miembros de la Brigada 17 del Ejército y en compañía de paramilitares, el padre Javier Giraldo, S.J., denunció ante los medios de comunicación tales hechos y asimismo a sus responsables, y posteriormente ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes (18 y 25 de mayo del mismo año).El coronel Néstor Iván Duque, comandante en su momento del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada 17, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el padre Giraldo por los supuestos delitos de falsa denuncia, injuria y calumnia; así mismo, contra el abogado Elkin Ramírez Jaramillo, presidente de la Corporación Jurídica Libertad y contra el ex defensor del pueblo de Urabá, Miguel Ángel Afanador, por el delito de “falsa denuncia”.La Fiscalía 216, Seccional de Paloquemao en Bogotá, ha ordenado vincular mediante indagatoria al padre Javier por los delitos de falsa denuncia y calumnia.Ante estos hechos, la objeción de conciencia, acompañada de la disidencia civil y jurídica, practicada por el padre Giraldo, debe ser la acción colectiva de quienes creemos que Colombia merece una justicia veraz, más allá de las trampas jurídicas, la impunidad y el olvido ante una crisis humanitaria que SÍ nos avergüenza ante cualquier conciencia o nación que, como nosotros, propenda por una justicia con sanción a los victimarios, y verdad y reparación a las víctimas.
MASACRES EN COLOMBIA - REVISION HISTORICA
1. El Espectador. Mínimo aporte en DH. 4 de agosto de 2001.
Masacres durante la administración de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) Reseñamos las siguientes masacres:Tiquisio y Puerto Coca, Bolívar : En marzo de 1997, fuerzas combinadas del Ejército y paramilitares, compuesta por 200 hombres del Batallón Nariño y miembros de las ACCU, entró en Tiquisio y detuvo a los franciscanos, fray Bernardo Villegas y fray Diego García, a quienes informaron que los iban a matar, al igual que al padre Jesús Martínez. También detuvieron al médico Navarro Patrón y le dijeron que tenían orden de ejecutarlo. Villegas y Navarro Patrón pudieron salir con vida. La unidad se dirigió a Puerto Coca, en donde asesinó a 4 hombres y distribuyeron una lista negra con 34 nombres. Al salir de la zona, se llevaron 600 cabezas de ganado, motobombas de la comunidad, medicinas, dinero y lo saqueado del comercio local.Mapiripán, Meta: El 14 de julio de 1997, los paramilitares de las AUC asesinaron a un número no determinado de personas acusándolas de ser auxiliadores de la guerrilla. En esta masacre están implicados un Coronel del Ejército y el Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui, dos oficiales delejército, el Secretario de Gobierno del Guaviare, el Alcalde, el registrador municipal, el inspector de Policía y el personero del Municipio de Mapiripán. El proceso ha seguido un camino tortuoso y por decisión del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra en manos de la justicia penal militar. Hoy el general Uscátegui amenaza con “abrir la boca” porque no se va a “dejar meter 40 años de cárcel, así que hagámosle pasito”, en un claro chantaje a sus superiores de entonces.San José de Apartadó, Antioquia: Durante 1997 patrullas conjuntas del Ejército y los paramilitares se realizaban en este pueblo de 850 habitantes. Se instaló un retén paramilitar en febrero, a menos de dos kilómetros de la base militar, detuvieron requisaron y asesinaron a los viajeros de la zona, amenazando los soldados para que abandonaran las casas porque o si no “vendrían los mochacabezas a terminarlos”. El General Bonett Locarno respondió a la denuncia de los retenes de manera contundente: “estos retenes no existen”. Sin embargo, el 29 de marzo de 1997, las ACU entraron al pueblo de Las Nieves y capturaron y ejecutaron al menos a cinco personas pertenecientes a una sola familia. La Décimo Séptima Brigada ha calificado a los muertos como guerrilleros caídos en combate.Nudo de Paramillo, Antioquia: El 25 de octubre de 1997 tropas combinadas del Ejército y las ACU rodearon el pueblo del Aro y sus 2000 habitantes, como parte de una ofensiva regional contra las FARC, con el objetivo de hacer abandonar la región y “conquistarla”. El Ejército rodeaba el pueblo, los paramilitares penetraron en éste y masacraron a 4 personas en la plaza, permanecieron en él durante cinco días y ejecutaron al menos a 11 personas, entre ellos 3 niños, incendiaron 47 de las 68 casas, destruyeron tuberías del agua potable y obligaron a huir a la mayoría de la población. Se fueron el 30 de octubre, y las ACU se llevaron más de 1.000 cabezas de ganado, lo saqueado en las casas y el comercio. Al final se reportó la desaparición de 30 personas.La expansión y consolidación de las actividades paramilitares se fue acelerando durante el gobierno del presidente Samper, pese a sus promesas de disolver tales grupos. Es más, no sólo no cumplió su promesa de erradicar a las organizaciones paramilitares sino que es indudable que ciertas decisiones políticas adoptadas durante su gobierno contribuyeron a la proliferación de estos grupos con el desarrollo del programa gubernamental para la creación de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (CONVIVIR), mediante Decreto 0356 de 1994, propuesto por el entonces Ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, y avalado por el entonces gobernador de Antioquia y hoy presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.Las CONVIVIR son grupos civiles de vigilantes encargados de ayudar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y ya funcionan más de un centenar de estos grupos en todo el país, en su mayoría en zonas rurales, bajo el control directo de los comandantes regionales del Ejército, para desarrollar nuevas estructuras paramilitares a fin de perpetuar y extender prácticas de contrainsurgencia, como las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones, y al término del Mandato Samper había reconocidas más de 1.200 de dichas agrupaciones.Las masacres han venido aumentando de manera contínua y sostenida a partir de 1995, año en el cual los grupos de Paramilitares de Córdoba y Urabá extienden su accionar hacia la zona plana de Urabá, en aplicación del plan estratégico diseñado por las FF. MM. Colombianas. Como consecuencia directa de lo anterior, la aplicación práctica del proyecto paramilitar ha repercutido de manera directa en la expansión de las masacres en el territorio nacional, así como en su aumento nominal total y la participación en el total de homicidios en el país, y ello devino en una crisis humanitaria y una degradación del conflicto sin antecedentes en la historia del país.En los años 1996 y 1998, su accionar se extendió, ante todo, por la Costa Norte del país, a los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira, Sucre y Bolívar, además de la zona sur-oriente del país en relación con las retaliaciones producidas contra los campesinos que protestaban contra la erradicación de los cultivos ilícitos en la marcha campesina de 1996, y de la arremetida de las Fuerzas Armadas oficiales luego de la liberación de los soldados de Las Delicias, Putumayo.
ADMINISTRACION DE ANDRES PASTRANA (1998-2002)De igual manera, durante la Administración Pastrana, a pesar de que el combate al paramilitarismo fue una de las exigencias de las FARC para iniciar los diálogos en Enero de 1999, el accionar de los grupos paramilitares ha sumido a Colombia en un baño sangriento contra la población inerme.De acuerdo con el Comité Permanente de Derechos Humanos, durante el período de 1997 a 2000, las víctimas de masacres pasaron de 1.128 en 1997 a 2.564 en el año 2000, lo cual representó un aumento del 127.3%, siendo significativo que durante 1999 los grupos paramilitares llevaron a cabo el 49,96% de los homicidios colectivos (masacres), mientras que desconocidos cometieron el 35.64%.La distribución de las masacres se concentró enormemente en ciertos departamentos como Antioquia, que participó con el 32.22% de las víctimas en el año 2000. Le siguen, en su orden, Valle del Cauca, con el 9.55%, Cesar, 7.34%, Magdalena, 7.34% y Bolívar, 7.27%. Es de resaltar que Magdalena, Cesar y Bolívar son parte de la costa norte, la región que cuenta con la mayor presencia de los paramilitares.De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, Antioquia tiene la mayor participación, pues de 1.753 víctimas, 493 fueron en este departamento, es decir el 28.12% del total, seguido del Valle con 205, es decir el 11.69%. La razón de que el accionar paramilitar se concentre en algunas zonas obedece a criterios geopolíticos y económicos. Se señala que la razón de su presencia en Antioquia está ligado desde el punto de vista geopolítico con el control de la zona del Atrato-Truandó, en donde está proyectado la construcción de un canal interoceánico a nivel, además de las enormes riquezas bananeras y los ricos yacimientos de oro que subyacen en las playas del Chocó.Queremos reseñar solamente algunas de las masacres durante la Administración Pastrana:Masacre de Segovia: Nuevamente, el 11 de noviembre de 1998 en horas de la noche, un grupo de hombres que se movilizaban en un campero dispararon armas de fuego contra la población, con el saldo de 43 muertos y 45 heridos.Están implicados cuatro particulares y cinco miembros de la Fuerza Pública: Mayor Marco Hernández Báez Garzón; Tenientes Alejandro Londoño Tamayo y Edgardo Hernández y los Capitanes Hugo Valencia y Jorge Chacón. En uno de los pocos casos juzgados, los implicados fueron condenados a 18 años de prisión.Masacre de Puerto Alvira - Mapiripán: el 4 de mayo de 1999, los paramilitares asesinaron a un número no determinado de personas, quemaron viviendas, ocasionaron otros daños y amenazaron a los pobladores. No hay hasta el momento ningún capturado. El procurador General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra cuatro generales de la República, entre ellos dos Comandantes de División, un Coronel del Ejército y dos Oficiales de la Policía Nacional, por posible negligencia para evitar la masacre.Masacre de la Gabarra y Tibú: El 23 de mayo en La Gabarra, corregimiento del Municipio de Tibú, los paramilitares asesinaron 6 personas, secuestraron 21 e instalaron retenes en la vía. Los asesinatos colectivos, los secuestros y desapariciones continuaron durante un mes y ocasionaron un gran desplazamiento de campesinos. El 20 de agosto realizaron una nueva masacre y en total en 1999 se registraron más de 130 muertes. Al comenzar el año 2000, se registraron 26 víctimas. La Policía y el Ejército Oficial, con una base militar en la zona, nada hicieron para impedir las masacres. Masacre de La Hormiga: El 9 de enero de 1999, en horas de la noche, los paramilitares entraron en el poblado, seleccionaron a un grupo de pobladores, la mayoría de ellos jóvenes, y asesinaron un total de 24 personas.Masacre de Chengue: el 17 de enero de 2001, grupos paramilitares asesinó a 27 personas en el corregimiento de Chengue, Municipio de Ovejas, Departamento de Sucre, quemó y saqueó las viviendas y produjo el desplazamiento de la población.Es de resaltar que durante la realización de las masacres se presentaba en todas las regiones afectadas fuertes patrullajes y presencia militar. Esto ha llevado a que la población diga que en Colombia existe una Fuerza Pública “travesti”, que en el día usa su uniforme normalmente, pero que en la noche se transforma. La sabiduría popular ha sabido calificar acertadamente el modo de operar de las Fuerzas Militares Colombianas que acude al expediente de desarrollar la “guerra sucia” con sus unidades vestidas de civil y presentar una imagen magnificada del paramilitarismo en Colombia.Según lo han denunciado las FARC en repetidas oportunidades que paramilitares caídos en combate tras las arremetidas de las fuerzas de la insurgencia, portaban documentos que los acreditaba como militares en servicio activo, en una prueba más que muestra la real vinculación del paramilitarismo con el Estado, lo cual ha llevado a que el Comandante de esta organización insurgente, Manuel Marulanda Vélez, califique este fenómeno como “Paramilitarismo de Estado”Masacres a partir del 2.000Human Rights Watch, presentó su “Informe Anual 2001, eventos de 2000”, en el cual consigna que “Las Fuerzas Armadas colombianas siguen implicadas en graves violaciones a los derechos humanos así como en el apoyo a grupos paramilitares considerados responsables de al menos el 78 por ciento de las violaciones registradas en los seis meses posteriores a octubre de 1999.Las tropas del Ejército atacaron indiscriminadamente y mataron a civiles, entre ellos seis niños que realizaban un viaje escolar cerca de Pueblo Rico, Antioquia, el 15 de agosto. Según los testigos, los soldados dispararon durante 40 minutos, haciendo caso omiso de los gritos de los acompañantes adultos. El Comandante del Ejército de Colombia, el Gral. Jorge Mora, pareció justificar el ataque en sus declaraciones a los periodistas: "Son los riesgos de esta guerra en la que estamos comprometidos". Otro caso similar se produjo el 18 de junio, cuando tropas pertenecientes al Batallón Rebeiz Pizarro abrieron fuego contra un vehículo que transportaba a seis adultos y dos niños que regresaban de una fiesta. Todos ellos resultaron heridos.Seguían existiendo pruebas abundantes, detalladas y constantes de la colaboración directa entre el ejército y los grupos paramilitares. Por ejemplo, los investigadores del gobierno afirmaron que oficiales en el servicio activo y en la reserva asignados a la Tercera Brigada del Ejército en Cali habían establecido y apoyado activamente al Frente Calima (De paramilitares). Se consideraba que, en los 12 meses que transcurrieron desde el comienzo de sus operaciones en julio de 1999, el Frente Calima era responsable de al menos 200 asesinatos y el desplazamiento de más de 10.000 personas.El 18 de febrero, unos 300 hombres armados pertenecientes al grupo paramilitar, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) organizaron un tribunal irregular en la aldea de El Salado, Bolívar. Durante los dos días siguientes, torturaron, pasaron por el garrote, apuñalaron, decapitaron y dispararon a residentes. Los testigos dijeron a los investigadores que habían amarrado a una niña de seis años a un poste y la habían ahogado con una bolsa de plástico. Se informó de que una mujer había sido violada en grupo. Las autoridades confirmaron posteriormente 36 muertes (42 según reporte de los pobladores). Otros 30 residentes habían desaparecido. "Para ellos era como una gran fiesta," dijo un superviviente al New York Times. "Bebían, bailaban y celebraban mientras nos mataban como a cerdos." Mientras se estaban cometiendo estas atrocidades, la Primera Brigada de la Armada mantuvo retenes de carretera en los alrededores de El Salado que impidieron la entrada del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de otros grupos. Treinta minutos después de que los paramilitares se hubieran retirado a salvo con los bienes y los animales saqueados, las tropas de la Armada entraron en la aldea.Los oficiales implicados en graves abusos siguieron en el servicio activo, y sólo fueron suspendidos en casos excepcionales. Los jueces militares continuaron ignorando generalmente una decisión de 1997 de la Corte Constitucional por la que se ordenaba que todos los casos relacionados con soldados acusados de graves violaciones a los derechos humanos fueran procesados ante las cortes civiles. Según la oficina en Bogotá de la Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), encargado de resolver los conflictos jurisdiccionales, continuó desobedeciendo también el dictamen de la Corte Constitucional y transfiriendo "casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a la jurisdicción castrense."El Ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez declaró en julio que los tribunales militares ya habían trasladado 533 casos policiales y militares a la jurisdicción civil, lo que demostraba el cumplimiento del fallo de 1997. Sin embargo, tras revisar la información sobre 103 casos suministrada por el Ministerio a Human Rights Watch, descubrimos que sólo 39 de ellos eran casos que podría considerarse violaciones a los derechos humanos. La mayoría de ellos estaban relacionados con soldados de bajo rango y en ninguno de los casos se aludía a los oficiales superiores que habían ordenado u organizado presuntamente las violaciones a los derechos humanos.”La Defensoría del Pueblo el 13 de julio de 2.000, reveló que en el primer semestre de 2000 se produjeron 235 masacres, la mayoría ocurridas en Antioquia, y que dejaron 1.073 víctimas. Según fuentes estatales y no gubernamentales, en el año 2.000 se registraron un total de 548 masacres. (1)En el año 2001, la organización defensora de derechos humanos HRW en documento titulado “La Sexta División” presenta acusaciones detalladas sobre la colaboración de las Brigadas Veinticuatro (del Putumayo), Quinta (Santander) y Tercera (del Valle y Cauca) con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es de señalar que de acuerdo con el Informe, los batallones militares creados, entrenados y equipados con asistencia estadounidense para la “lucha antidroga” prevista en el Plan Colombia reciben el apoyo de una Brigada vetada por Washington, que al decir de José Miguel Vivanco, director de la seccional América de HRW, es la XXIV Brigada del Ejército, con sede en Putumayo. Los nexos denunciados en el documento se refiere a “una activa coordinación durante las operaciones militares entre gobierno y paramilitares”, por radio y celulares y a “soldados en servicio activo que sirven en unidades paramilitares y comandantes paramilitares que se alojan en bases militares” Es tal la orgía de sangre que solamente en el mes de Octubre los paramilitares asesinaron 140 personas en diferentes masacres a lo largo del país. De noviembre del 2.000 a lo que va corrido del 2.001, se han registrado en el Departamento del Cauca 17 masacres con un saldo de 520 muertos en los municipios de Santander de Quilichao, Cajibío, Rosas, Piendamó, Morales, Buenos Aires, Suárez, Puracé y Alto Naya. En el Naya, los campesinos e indígenas afirman que son 100 los muertos. En el corregimiento El Palo, municipio de Caloto, paramilitares asesinaron al exconcejal de la UP y líder comunitario de 77 años Ricaurte Castro. Su edad no les importó.¿Cambio táctico?Ante las denuncias de diferentes organismos nacionales e internacionales, incluidas la Naciones Unidas, y la presión que la comunidad internacional ejerció sobre la Administración Pastrana y las Fuerzas Armadas oficiales para combatir efectivamente el paramilitarismo, se produjo un cambio táctico de los grupos paramilitares.En comunicado del 04 diciembre de 2001, reproducido por los medios de comunicación con gran resonancia, los grupos paramilitares anuncian que “no realizarán más masacres y que ahora sólo realizarán asesinatos selectivos de no más de 3 personas”.
Tal aseveración la llevaron a la práctica y durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (AUV) han disminuido las masacres, pero continúan los asesinatos selectivos, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y todas las demás violaciones que cometen los grupos paramilitares, a pesar de encontrarse en un mal llamado “proceso de paz” entre compadres y colegas.
MASACRES - LA OFENSIVA PARAMILITAR
Nunca más - Masacres
Las masacres aparecieron a mediados de los ochenta como una forma de intimidación de los paramilitares en poblaciones bajo el control territorial de la guerrilla en zonas como Urabá, el Magdalena Medio y el Meta. A mediados de los noventa reaparecieron por todo el país como un sello de la presencia y barbarie de los paramilitares.
En todo el país se sufrió la violencia paramilitar. Foto SEMANA
El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación estableció un registro de 2.505 masacres en Colombia ocurridas entre 1982 y 2007, con un saldo de 14.660 víctimas.
Una de las primeras masacres que sacudiría el país, atribuida a paramilitares, fue la ocurrida el 6 de octubre de 1988 contra 17 comerciantes de Ocaña que transportaban mercancías de contrabando de Venezuela a Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio.
Una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado Colombiano por acción y omisión, estableció que el grupo paramilitar de las Autodefensas del Magdalena Medio tomó la decisión de matar a los comerciantes y apropiarse de sus mercancías, debido a que éstos no pagaban los “impuestos” que cobraba las autodefensas por transitar por esa región.
Los paramilitares consideraban que los comerciantes vendían armas a los grupos subversivos asentados en el Magdalena Medio, que eran traídas desde Venezuela. Los cuerpos de los 17 asesinados fueron descuartizados y lanzados a las aguas del río Magdalena. La CIDH determinó que integrantes del ejército fueron cómplices de esta masacre.
Pero sería en Urabá, bajo el mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, donde las masacres se convertirían en el sinónimo de la violencia paramilitar.
Allí las Autodefensas de Córdoba y Urabá iniciaron una serie de acciones violentas desde la finca Las Tangas, a donde eran llevados secuestrados sindicalistas, campesinos, militantes de la izquierda, defensores de derechos humanos y pobladores de la región, que fueron torturados y asesinados, sindicados de ser miembros o colaboradores de la guerrilla.
Carlos Castaño, en una entrevista concedida a Human Rigth Watch, justificó las masacres como arma de guerra. “Los guerrilleros pueden actuar fuera de la ley, así que la batalla es desigual, nos dimos cuenta de que podíamos utilizar las mismas estrategias de la guerrilla y adoptar sus métodos de combate”.
Bajo esta lógica, a finales de los ochenta, los Castaño y los “Tangueros” sembraron el terror en el Urabá antioqueño y cordobés, y en su expansión hicieron lo mismo en otras regiones como Santander y el Magdalena Medio.
En 1988, los paramilitares, con el apoyo de efectivos del ejército y la financiación de ganaderos, empresarios, políticos y narcotraficantes, cometieron masacres como los de Honduras y La Negra, Coquitos y Segovia, en Antioquia, en las que se registraron 95 asesinatos; o las de Caño Viejo, Llama Caliente, El Carmen y La Rochela con un saldo de 46 personas asesinadas.
A finales de esta década se registra una especie de tregua con la desmovilización del Ejército Popular de Liberación, bajo la administración de Virgilio Barco, lo que llevó al desarme de las autodefensas de los hermanos Castaño.
Esta trega duraría un par de años. Frente al avance de movimientos guerrilleros como el ELN y las FARC, que se dieron a la tarea de recuperar territorios perdidos, hace que las AUC retomen las armas en zonas como la Costa Caribe, Meta, Casanare, Putumayo, Santander y Antioquia, en donde son financiados por narcotraficantes.
En estas regiones, la entrada de los paramilitares estuvo caracterizada por grandes masacres generadoras de desplazamientos masivos de población y la complicidad de las autoridades para prevenirlas.
En 1995, los Castaño comienza otra nueva época de terror en el Urabá con la masacre de El Aracatazo, en el municipio de Chigorodó, donde fueron asesinadas 18 personas. Las FARC en retaliación asesinan 15 campesinos en la finca Los Cunas.
Urabá sería una de las zonas del país que mas padecerían este tipo de violencia. Entre 1991 y 2001, se registrarían 96 masacres que dejarían 597 personas asesinadas. Una investigación realizada por Andrés Fernando Suárez titulada “Identidades políticas y exterminio recíproco”, documenta la guerra en el Urabá y señala que esta región “es la bisagra entre un antes y después de la dinámica del conflicto armado en la segunda mitad de los años noventa. Permite la consolidación de la estructura paramilitar con el dispositivo de despliegue ofensivo de mayor cobertura territorial y con mayor liderazgo político dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá(ACCU).”
La consolidación de las Autodefensas de Castaño se dio en una zona que era considerada el símbolo del éxito político y social de la izquierda en los años ochenta, disputada por dos grupos guerrilleros como el EPL y las FARC. Además de estos dos grupos, en el Urabá convergieron sectores y fuerzas tan disímiles como los Comandos Populares, las ACCU, las Convivir, el narcotrafico, la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, sindicatos como Sintrainagro y agremiaciones de empresarios bananeros como Augura.
Para Suàrez este panorama fue un detonador de masacres cometidas por todos los grupos armados con presencia en la zona, como las cometidas en los municipios de San José de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Belén de Bajirá, Pavarandó, Mutatá y Bojayá, entre otras.
La expansión paramilitar y las masacres
Pero sería el período comprendido entre 1997 y 2003 en el que se registraría la explosión de esta práctica de violencia extrema. En esta época se presentan masacres en forma persistente en regiones donde desde 1997 realizaron incursión las autodefensas, como Antioquia en el oriente y sudoeste, sur de la Guajira, Cesar, sur de Bolívar y Putumayo. En el sur de Bolívar los grupos de autodefensas lograron una presencia muy importante en San Pablo y Cantagallo, municipios que el ELN había pedido fueran rodeados de las garantías de seguridad necesarias para la realización de la Convención Nacional.
Las masacres de Urabá y Chocó fueron una extensión de los sucesos de 1995. Estás dinámicas demuestran la dificultad de consolidar el dominio territorial del Urabá y del sur de Bolívar por parte de los grupos armados. A partir de 1999, las masacres y muertes sucedidas en Norte de Santander, Valle del Cauca y Barrancabermeja señalan nuevos escenarios de confrontación.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República explica que esta ofensiva se dio con el fin de imponer sus reglas y homogeneizar el territorio según sus intereses, en una dinámica amigo-enemigo al conflicto. “Esta lógica es aplicada en las zonas de gran disputa entre autodefensas y guerrillas, como la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Arauca, Urabá, Córdoba, Magdalena Medio o Putumayo, donde los grupos armados golpean civiles inermes por medio de asesinatos selectivos y de masacres que eleva los índices de homicidios en esas zonas.”
En la Sierra Nevada, por ejemplo, mientras las autodefensas pugnan por subir para golpear las guerrillas en su retaguardia estratégica, las guerrillas organizan una resistencia férrea, buscan mantener las condiciones para extraer sus finanzas y conservan de esta manera una enorme capacidad para operar en las zonas más productivas y para mantener un corredor de comunicación con la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela. Entre estas dos fuerzas estaban inermes, comunidades de campesinos, colonos e indígenas que han sido víctimas de asesinatos selectivos, masacres, torturas y desapariciones.
Los grupos de autodefensa realizaron una ofensiva en las partes planas de los departamentos de Cesar y Magdalena en donde se presentaron masacres y desplazamientos. En Norte de Santander la expansión de los paramilitares a partir de 1999 se expresó en la acción sistemática en tres frentes, Tibú y el Tarra en Catatumbo, Cúcuta, Villa del Rosario y El Zulia en el centro del departamento, y Labateca y Toledo en el Sarar.
Unas masacres de 1988 a 2008:
* Honduras y La Negra, marzo de 1988* La Mejor Esquina, Córdoba, mar. 1988*
Segovia, Antioquia, noviembre de 1988* Simacota, Santander, enero de 1989*
La Rochela, Santander, enero de 1989* Puerto Bello, Antioquia, enero de 1990* Paime, C/marca, septiembre de 1990* Soacha, C/marca, junio de 1993* Pichilín, Sucre, diciembre de 1996* Mapiripán, Meta, julio de 1997 * Miraflores, Guaviare, octubre de 1997*
El Aro, Antioquia, octubre de 1997* Tocaima, C/marca, noviembre de 1997* Dabeiba, Antioquia, noviembre 1997* Puerto Alvira, Meta, mayo de 1998*
Barrancabermeja, Nte Sant., mayo 1998* San Carlos, Antioquia, octubre de 1998* Puerto Gaitán, Meta, nov. de 1998 * Riosucio, Chocó, diciembre de 1998* Santodomingo, Arauca, diciembre 1998* Curumaní, Cesar, enero de 1999* Apartadó, Antioquia, enero de 1999
* La Hormiga, Putumayo, enero de 1999 * Tibú, Nte de Santander, agosto 1999*
Catatumbo, N. Santander, agosto 1999* Astrea, Cesar, enero de 2000*
El Salado, Bolívar, febrero de 2000* El Tarra, Nte de Santander, feb. 2000*
Macayepo, Bolívar, octubre de 2000* Granada, Antioquia, nov.de 2000* Sitio Nuevo, Magdalena, nov. de 2000*
Ciénaga Grande, Magd., nov de 2000* Carmen de Bolívar, abril de 2000* Coloso, Sucre, septiembre de 2000* Trojas Cataca, Magdalena, nov. 2000* El Peñol, Antioquia, enero de 2001*
Chengue, Sucre, enero de 2001* Ovejas, Sucre, marzo de 2001* Calima, Valle del Cauca, agosto 2001*
Buga, Valle del Cauca, octubre de 2001*
Bojayá, Chocó, mayo de 2002* Segovia, Antioquia, agosto de 2002* Valledupar, Cesar, diciembre de 2002* Tierralta, Córdoba, mayo de 2003* Buenaventura, Valle, junio de 2003* Puerto Libertador, Córdoba, jul. 2008
Bogotá, 24 de abril de 2007.-
'Pruebas de coraje'. De esa manera llamaban los paramilitares a los entrenamientos que les impartían a sus reclutas para que aprendieran a descuartizar personas vivas. Inicialmente, las autoridades desestimaron las versiones de campesinos que denunciaban esta práctica y le atribuían a estos 'cursos' la desaparición de personas. Pero cuando los propios combatientes empezaron a admitirlo en sus indagatorias ante la Fiscalía, el mito se convirtió en otro crudo crimen de lesa humanidad. Francisco Enrique Villalba Hernández (alias 'Cristian Barreto'), uno de los autores de la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia, recibió este tipo de entrenamiento en el mismo lugar en el que le enseñaron a manejar armas y a fabricar bombas caseras. Hoy, preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, Villalba ha descrito detalladamente, durante largas indagatorias, cómo aplicó esta instrucción. "A mediados de 1994 me mandaron a un curso en la finca La 35, en El Tomate, Antioquia, donde quedaba el campo de entrenamiento", dice en su relato a la Fiscalía. Allí, su jornada empezaba a las 5 de la mañana y las instrucciones las recibía directamente de altos mandos, como 'Doble cero' (Carlos García, asesinado por 'paras' del Cacique Nutibara). Villalba asegura que para el aprendizaje de descuartizamiento usaban campesinos que reunían durante las tomas de pueblos vecinos. "Eran personas de edad que las llevaban en camiones, vivas, amarradas", describe. Las víctimas llegaban a la finca en camiones carpados. Las bajaban del vehículo con las manos amarradas y las llevaban a un cuarto. Allí permanecían encerradas varios días, a la espera de que empezara el entrenamiento. Luego venía "la instrucción de coraje": repartían a la gente en cuatro o cinco grupos "y ahí la descuartizaban", dice Villalba en la indagatoria. "El instructor le decía a uno: 'Usted se para acá y fulano allá y le da seguridad al que está descuartizando'. Siempre que se toma un pueblo y se va a descuartizar a alguien, hay que brindarles seguridad a los que están haciendo ese trabajo".De los cuartos donde estaban encerrados, las mujeres y los hombres eran sacados en ropa interior. Aún con las manos atadas, los llevaban al sitio donde el instructor esperaba para iniciar las primeras recomendaciones:"Las instrucciones eran quitarles el brazo, la cabeza, descuartizarlos vivos. Ellos salían llorando y le pedían a uno que no le fuera a hacer nada, que tenían familia". Villalba describe el proceso: "A las personas se les abría desde el pecho hasta la barriga para sacar lo que es tripa, el despojo. Se les quitaban piernas, brazos y cabeza.Se hacía con machete o con cuchillo. El resto, el despojo, con la mano. Nosotros, que estábamos en instrucción, sacábamos los intestinos". El entrenamiento lo exigían, según él, para "probar el coraje y aprender cómo desaparecer a la persona". Durante el mes y medio que Francisco Villalba dice que permaneció en el curso, vio tres veces las instrucciones de descuartizamiento."Ellos escogían a los alumnos para que participaran. Una vez, uno de los alumnos se negó. Se paró 'Doble cero' y le dijo: 'Venga, que yo sí soy capaz'. Luego lo mandó descuartizar a él. A mí me hicieron quitarle el brazo a una muchacha. Ya le habían quitado la cabeza y una pierna. Ella pedía que no lo hicieran, que tenía dos hijos". Los cuerpos eran llevados a fosas ahí mismo, en La 35, donde calculan que enterraron a más de 400 personas.
"Eran personas de edad que llevaban en camiones, amarradas.La instrucción era quitarles brazos, cabeza, descuartizarlos vivos".Francisco Villalba, paramilitar.
¿Fosas en lagunas y pozos de Babilla?
A finales de año pasado, un informante contactó a un grupo de investigadores para narrarle cómo antes de que se aprobara la Ley de Justicia y Paz varios jefes 'paras' de Córdoba y Sucre empezaron a hacer, en algunas de sus fincas, lagunas artificiales para la cría de peces. Según el informante, gente de la zona le advirtió a los ingenieros que las construían, que estaba contribuyendo al ocultamiento de fosas. "Solo son indicios -dice un investigador-. Pero tendremos que secar un par de ellas para ver qué encontramos". Y añade que eso también explicaría por qué en fincas como El Palmar -campo de exterminio 'para' en Sucre- había caimanes y babillas. Al respecto, Iván Cepeda, investigador de violaciones a derechos humanos, asegura en uno de sus escritos que testigos le han manifestado que varios cadáveres fueron devorados por caimanes. La misma versión circula en Monpox con relación a una finca de 'Chepe Barrera'.
